sábado, 7 de septiembre de 2013

IMPEDIMENTO DE CONTACTO CON EL PROGENITOR NO CONVIVIENTE. RÉGIMEN DE VISITAS PROVISORIO POR VIA PENAL.

"S., S. A. s/ régimen de visitas"
CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - Capital Federal
02/08/2013

Impedimento de contacto con el progenitor no conviviente. Régimen de visitas.
Declara mal concedido un recurso interpuesto por la parte querellante contra el auto que dispuso un régimen de visitas provisorio. Señala que el régimen de visitas que puede disponerse en sede penal, tiene como expresa finalidad legal la de restablecer rápidamente el contacto del menor con el progenitor no conviviente, siendo su naturaleza provisoria y, como tal, puede ser revisado y modificado por la Justicia de Familia.

CULPABILIDAD. ERROR DE PROHIBICION. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA. FUNCIONARIOS PUBLICOS



Cámara de Apelaciones en lo Criminal
Primera Circunscripción Judicial de Mendoza
Expte.        16.286/08 -433
“F. c/ T., Jorge Luis A. y N., Lisandro p/ Malversación de Caudales Públicos. ”
Mendoza,  05 de febrero de 2010.-

HECHOS: Funcionarios públicos  imputados y elevados a juicio por otorgar préstamos públicos con fondos estatales (Fondo de la Transformación) a empleados públicos, en este caso personas que tenían relación de dependencia con el propio Estado, eran empleados de planta o contratados, todo bajo expresa prohibición de la normativa de otorgamiento de préstamos de ese organismo.


Apelación de la defensa de los imputados contra el Auto que rechaza la oposición y resuelve elevar la causa a juicio dictado por el Sr. Juez titular del Sexto Juzgado de Garantías

La defensa de los imputados T. y N. entienden que “…se ha errado al considerar dolosa la eventual irregularidad en los préstamos cuestionados, ya que se ha omitido considerar que los mismos se concedieron con el correspondiente aval técnico-legal”. Afirma que este razonamiento, expuesto en el escrito de oposición al requerimiento de elevación a juicio, no ha sido tratado en el auto impugnado.

Resolución nº 1093/05 permite préstamos para empleados pero nunca se firmó porque tenía un dictamen negativo del Dr. Milla, en consecuencia nunca tuvo vigencia.

Los créditos fueron otorgados por una resolución de permite préstamos hasta 15.000 pesos y sólo por ésta se puede atacar la conducta de los imputados.
Afirma la defensa que no se está cuestionando el aspecto objetivo de la conducta, sino el subjetivo, pues estamos ante un caso de error de prohibición inevitable.

Ello así en tanto, los préstamos se otorgaron luego de que las áreas técnicas dictaminaran favorablemente a su concesión. En relación a este tema, la resolución hace jugar negativamente un dictamen del Dr. Milla en el expediente que creaba la línea para empleados, sin meritar que en el caso de autos se consideró viable el crédito.

La defensa considera que teniendo en cuenta que T. tenía en sus manos préstamos millonarios, no parece razonable exigirle que analice en particular los préstamos aquí achacados.

Entiende que es irracional por violar el principio de subsidiaridad, sujetar estos casos a la materia penal cuando los organismos administrativos están interviniendo y el Derecho Penal sólo se justifica cuando otras áreas no puedan dar respuesta, lo que no ocurre en autos.

En relación al co-imputado N., las consideraciones expuestas son más patentes, a su entender, en tanto éste actuó reemplazando a T., por tanto el error y la falta de conocimiento del derecho es más patente.

El efectivo otorgamiento de préstamos –tres atribuibles a T. y uno a N.-, como también que las personas beneficiadas con los créditos revestían en esa oportunidad la calidad de agentes o funcionarios del estado.

También debe quedar fuera del análisis del presente recurso, por lo menos en lo que hace al aspecto objetivo de los ilícitos endilgados, la existencia de la resolución nº 1093/05 y en su caso si los dos primeros créditos se otorgaron al amparo de esa norma administrativa, o si en definitiva ellos fueron autorizados dentro de la línea de crédito de hasta $ 15.000, destinada a inversiones de activos fijos y/o de capital de trabajo (Resolución nº 117/04), pues la imputación jurídico penal está relacionada con la imposibilidad de incluir a agentes o funcionarios de la Administración Pública en los beneficios que concede el Fondo.

En otras palabras, a los efectos del tema que la defensa trae a discusión –error de prohibición-, carece de relevancia si los créditos se otorgaron al amparo de la Resolución nº 1093/05 –y en este caso si realmente tuvo vigencia- o de la 117/04, pues bajo ninguna de esas normativas esta admitido otorgarlos a los agentes o funcionarios de la Administración Pública.

Destacadas estas aclaraciones preliminares que según mi entender resultan necesarias para abarcar el estudio del recurso, centraré la atención en el supuesto error de prohibición, aspecto al que la defensa se refiere de manera preferente.

Afirma la defensa que en los dictámenes de las áreas técnicas que opinaron favorablemente a la concesión de los préstamos, circunstancia que permitiría afirmar que los imputados incurrieron en un error de prohibición inevitable en relación con la imposibilidad de comprender que existía un impedimento  legal de otorgar préstamos a los agentes o funcionarios de la Administración Pública.

Acierta la defensa en cuanto a que en los expedientes administrativos que se formaron con motivo de los requerimientos de créditos aquí analizados (recibidos ad-effectum videndi), no se advierten objeciones por parte de las áreas técnicas en relación a la posibilidad de otorgar los préstamos cuestionados.

Sin embargo, también puede observarse que los dictámenes no se pronuncian de manera expresa –especialmente el emitido por la asesoría letrada-, respecto a la prohibición que surge del capítulo 2,4) inc. h) de la Resolución nº 117/04, que establece como postulantes excluidos para esa línea de créditos a “…los agentes o funcionarios del Estado nacional, provincial y/o municipal, que se desempeñan en el ámbito ejecutivo, legislativo o judicial”.

Tampoco hay un pronunciamiento concreto en los dictámenes en cuestión, en relación a la incompatibilidad de los créditos requeridos, con el Estatuto del Empleado Público ni con los lineamientos generales de creación del Fondo.

Es decir que, lo dictaminado por el área técnica en relación a los préstamos que aquí constituyen el objeto procesal se ha limitado a los aspectos formales sin pronunciarse en particular sea positiva o negativamente, por la incompatibilidad de la utilización de los recursos del Fondo para necesidades personales de los agentes de ese ente.

Desde ese punto de vista, pierden relevancia los dictámenes técnicos en tanto carecen de la precisión  que autorizaría a pensar en la existencia de un error de prohibición y en su caso, la posibilidad de que este fuera inevitable.

Es que para que el error de prohibición sea inevitable o invencible y en ese caso, excluya la culpabilidad del imputado, no deben haber existido motivos para dudar de la antijuridicidad de la conducta.

En este sentido se afirma que:
“Los medios para evitar un error de prohibición son reflexión e información…. Un error de prohibición de quien no ha puesto o no ha agotado estos medios no es en modo alguno eo ipso… vencible, sino que la vencibilidad depende de tres presupuestos o requisitos que se basan uno en otro: el sujeto tiene que haber tenido un motivo para reflexionar sobre una posible antijuridicidad de su conducta o para informarse al respecto … Cuando exista un motivo, el sujeto o bien no debe haber emprendido ningún tipo de esfuerzos para cerciorarse o bien estos deben haber sido tan insuficientes que sería indefendible por razones preventivas una exclusión de la responsabilidad … Cuando el sujeto, pese a existir un motivo, se ha esforzado en pequeña medida por conocer el Derecho, su error de prohibición es sin embargo vencible solamente cuando unos esfuerzos suficientes le habrían llevado a percatarse de la antijuridicidad” (Conf. Claus Roxin “Derecho Penal. Parte General. Tomo I”. Ed. Civitas. Traducción de la 2ª edición alemana , pag. 884/885).

En el caso de autos, puede afirmarse que han existido motivos para que los imputados reflexionen sobre la posible antijuridicidad de la conducta tales como

a) dictámenes técnicos deficientes en tanto omiten el pronunciamiento sobre un aspecto expresamente previsto en la reglamentación que regula la línea de crédito que se analiza (Res. Nº 117 art. 5 inc. h);

b) el conocimiento por parte de los imputados, en general, de la contradicción normativa de otorgar préstamos para beneficios particulares a agentes o funcionarios del Estado nacional, provincial o municipal y

c) la conciencia de estar ante el caso concreto de empleados del fondo.

En efecto, un dictamen técnico legal que omite toda consideración sobre la incompatibilidad para obtener el préstamo requerido por parte de personas que prestan servicios en la entidad provincial, cuando es conocida la vinculación laboral de esas personas, es un elemento importante para no confiar en la actuación correcta de quien lo emite y consecuentemente es un motivo para  reflexionar sobre la antijuridicidad de su conducta.

Por otro lado, es posible afirmar el conocimiento por parte de los imputados de que las personas que requerían esos créditos eran agentes del fondo.

Así lo reconoce el propio T. cuando en su indagatoria acepta el conocimiento de manera expresa respecto a Perelló, Astudillo y Fernández (v. fs. 76 vta. y 77).-

Asimismo, puede afirmarse que una relación laboral relativamente larga (desde 1996 respecto de Vazquez y de Astudillo; desde 1.997 respecto de Fernandez y desde 2004 en relación a Perelló), es un indicio muy importe que permite inferir el conocimiento personal entre quienes componen el plantel de un equipo de trabajo.

Respecto a la imposibilidad de otorgar préstamos a agentes públicos se encuentra expresamente reconocido por T. en su declaración indagatoria (v. fs. 77).

El co-imputado N. lo niega, pero su posición no es razonable ni exculpa su proceder, en tanto puede afirmarse que quien tiene un cargo importante en un organismo público (Sub-Director de financiamiento de la Administradora Provincial del Fondo para la Transformación y Crecimiento de Mendoza), conoce las normas elementales o nucleares que regulan su actuación, entre las que pueden mencionarse las que aquí se achaca a los imputados (ley 6071, arts. 1 y 10, Dcto. Ley 560/73, art. 14 inc. c) y Resolución nº 117/04, art. 5 inc. h). 

Es que no es lógico, razonablemente, alegar y por lo tanto aceptable,  un desconocimiento de normas que forma parte del núcleo de una actividad o función que se ejerce, sobre todo cuando se trata de personas que ocupan cargos jerárquicos en el ámbito que regulan esas disposiciones que se alega desconocer.

Reiterando, puede afirmarse que, la existencia previa de dictámenes técnicos que omiten de manera evidente, toda consideración sobre la posibilidad de acceso al préstamo requerido por parte de personas que se encuentran en principio, imposibilitadas por su condición de agentes del Estado, impone a los imputados el deber de verificar la juridicidad de ese proceder y consecuentemente se excluye el error de prohibición alegado, pues la conciencia de obrar de modo posiblemente injusto que aquélla situación acarrea, debería mover a los imputados a abstenerse de su conducta.

Tampoco le asiste razón a la defensa en cuanto a que teniendo en sus manos préstamos millonarios “no parece razonable exigirle que analice en particular los préstamos aquí achacados”.

Si se adiciona a los hechos en estudio, la particularidad de que los préstamos en cuestión eran pretendidos por agentes del Fondo.

Es que, no es lógicamente aceptable considerar que los imputados no han prestado el cuidado necesario a los préstamos cuestionados, aún cuando implicaban poco monto, pues la calidad de empleados (Fernández, Astudillo y Vázquez) o contratado (Perelló) por el Fondo y su conocimiento personal por parte de aquéllos, permite presumir, mediante una máxima de experiencia, que los expedientes que contenían la pretensión crediticia han constituido un trámite especial que ha requerido la atención particular de quienes los concedieron.

Preopinante Camarista Ramiro Javier Salinas
Adhieren Camarista Alejandro José Miguel  y Pedro Jorge Funes

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los imputados

viernes, 19 de julio de 2013

PRESCRIPCIÓN. ADMINISTRACION FRAUDULENTA

"C., A. y otros s/ estafa prescripción"

CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL

05/06/2013

Rechaza la excepción de prescripción de la acción penal deducida por la defensa referida a que deben tratarse los hechos en forma independiente, pues conforme se advierte de la doctrina sentada en el fallo “Pompas”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que el delito de defraudación por administración fraudulenta tiene en mira la totalidad de la gestión involucrada en el manejo del patrimonio, por lo que los diversos episodios infieles no implican reiteración, no multiplican el delito que sigue siendo único e inescindible.

Texto completo

QUERELLANTE. CARACTER DE PARTE. COPROPIETARIO PROPIEDAD HORIZONTAL. PERJUICIO PATRIMONIAL

"F. del R. s/ ser tenida por querellante"

CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL

05/06/2013

Admite como parte querellante a la copropietaria integrante de un consorcio, dado de las constancias de la causa surge que es directamente ofendida por el episodio denunciado, ha sufrido un perjuicio patrimonial y, además, cumplimentó los requisitos establecidos por el Código Procesal Penal de la Nación. Sostiene que, cada copropietario es particularmente damnificado por la parte proporcional que debe aportar para reparar el daño sufrido por el consorcio.

Texto completo

miércoles, 17 de julio de 2013

MEDIDAS DE SEGURIDAD. INDETERMINACION. CONTROL JUDICIAL. PRIVACION DE LIBERTAD

PRECEDENTES CSJN "A., G. J. s/ causa nº 12434" "R., M. J. s/insania" Doctrina del Tribunal expuesta en el precedente "R., M. J. s/insania" (Fallos:331:211), en el que se estableció que la medida de privación de la libertad del paciente debe ser revisada judicialmente mediante procedimientos simples, expeditivos, dotados de la mayor celeridad y, si correspondiera prolongarla por razones terapéuticas, ello debe ser objeto de un minucioso control periódico jurisdiccional obligatorio de los motivos de la internación, a los efectos de estudiar si las condiciones que determinaron su reclusión se mantienen o se modificaron en el tiempo, y siempre en el marco de los principios y garantías constitucionales, ya que de no ser así, la internación se convierte en los hechos en una pena privativa de la libertad sin límite de duración. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-. Fuente : OFICIAL - Corte Suprema de Justicia de la Nación (www.csjn.gov.ar) CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION. CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL. [Sumarios relacionados] [Ver fallo completo] (LORENZETTI, FAYT, MAQUEDA, ZAFFARONI) A., G. J. s/ causa nº 12434. SENTENCIA del 13 de Noviembre de 2012